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La declaración del estado de emergencia por la crisis del coronavirus prohíbe los velatorios o intervenciones a los fallecidos por el COVID-19. Es por ello que los herederos del fallecido tienen derecho a reclamar al seguro decesos la devolución de los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o productos.

La Ley 50/1980 de 8 de octubre de contrato de seguro nada dice al respecto, sin embargo, se interpreta que, si la prestación ha sido realizada parcialmente por causa de fuerza mayor (no se ha podido realizar velatorio, funeral y otros servicios complementarios), el asegurador debe compensar a los herederos del fallecido asegurado devolviendo el importe de la suma asegurada correspondiente a los servicios no prestado. Asimismo, esta Ley expresa que, el exceso de la suma asegurada sobre el coste del servicio prestado por el asegurador corresponderá al tomador o, en su defecto, a los herederos.

Actualmente nos encontramos ante el supuesto de hecho establecido en el artículo 106 bis Ley de Contrato de Seguro:

“Artículo ciento seis bis.

1. Por el seguro de decesos el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en este título y en el contrato, a prestar los servicios funerarios pactados en la póliza para el caso en que se produzca el fallecimiento del asegurado.

El exceso de la suma asegurada sobre el coste del servicio prestado por el asegurador corresponderá al tomador o, en su defecto, a los herederos.

2. En el supuesto de que el asegurador no hubiera podido proporcionar la prestación por causas ajenas a su voluntad, fuerza mayor o por haberse realizado el servicio a través de otros medios distintos a los ofrecidos por la aseguradora, el asegurador quedará obligado a satisfacer la suma asegurada a los herederos del asegurado fallecido, no siendo responsable de la calidad de los servicios prestados.. Concurre fuerza mayor, la pandemia mundial que ha motivado la declaración de estado de alarma en nuestro país, por la que las empresas funerarias no están pudiendo prestar, parcial o totalmente, los servicios cuyo precio constituye el capital asegurado en el contrato de seguro…”

Procede por ello la devolución a los herederos del fallecido, del exceso de la suma asegurada sobre el coste efectivo del servicio prestado.

Ahora bien, en el caso de que ya se hayan abonado los servicios funerarios a precios superiores a los establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la Orden del Ministerio de Sanidad SND/298/2020, de 29 de marzo de 2020 confiere un plazo de seis meses desde que finalice el estado de alarma para éste pueda solicitar el reembolso del sobreprecio. Pese a que la norma no indica si dicho plazo es de caducidad o prescripción, entiendo que debe interpretarse dicho plazo como de prescripción de conformidad los principios pro consumatore y de protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios[i]. De conformidad con los mismos principios y por la propia interpretación auténtica de la norma, entiendo que dicho plazo es aplicable exclusivamente al ejercicio de derecho de reembolso frente a la empresa de servicios funerarios que ha cobrado un sobreprecio respecto a las tarifas anteriores a 14 de marzo de 2020, pero no al ejercicio de la acción contra la compañía de seguros residenciada en el artículo 106 bis de la Ley de Contrato de Seguro, que deberá ser de cinco años, de conformidad con el artículo 23 del mismo cuerpo legal.

Por último, es importante decir que la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), que representa a más de 200 entidades y el 98% del negocio del sector, ha comunicado que, aun cuando la mayor parte de las pólizas de seguro de deceso excluyen expresamente en sus condiciones generales los supuestos de epidemia o propagación rápida de enfermedades infecciosas, las empresas aseguradoras que representadas por esta asociación, han manifestado que no van a harán valer la esta  exclusión.

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